Lucía Collado

/Listín Diario del 6 de Junio 2008

AUTORIDADES SALUD

Doris Pantaleón - 6/11/2008

• NEW YORK - U.S.A.
  1501 Broadway, Suite 410, New York, NY
  Tel.:      646-562-9605
  Fax:      646-562-9663
  E-mail:  jcenewyork@hotmail.com
  Encargada:       Dolores Perez Castillo

   

  • BOSTON - U.S.A.
    20 Park Plaza, Suite 601, The Statler Building, Boston MA, 02116
    Tel.:      617-423-3224
    Fax:      617-482-2168
    E-mail:  jceboston@hotmail.com
    Encargada:       Miriam Perello

   

  • NEW JERSEY - U.S.A.
    152 Market Street, Suite 406, 07505, Paterson New Jersey
    Tel.:      973-279-3633
    Fax:      973-279-3633
    E-mail:  jcenewjersey@hotmail.com
    Encargada:       Griselda Espiritusanto

   

  • MIAMI, FL – U.S.A.
    1038 Brickell Ave. Miami Fl. 33131
    Tel.:      305-377-3340
    Fax:      305-373-9293
    E-mail:  jcemiamiusa@hotmail.com
    Encargado:       Felix Suriel

   

  • WASHINGTON - USA
    1715 22ND STREET N.W. WASHINGTON DC 2008, E.U.A.
    Tel.:      202-667-0400
    Fax:      202-265-8057/202-387-2459
    E-mail:  jce_washington@hotmail.com

   

  • PUERTO RICO – U.S.A.
    Ave. Ponce de León, Edif.  Julio Bogoricin 1606, Parada 23, Santurce Puerto Rico 00910, Apto. 8540, Suite 101
    Tel.:      787-725-0025
    Fax:      787-725-0025
    E-mail:   jcepuertorico@hotmail.com
    Encargada:       Nircy Vasquez de Cotto

   

  • Panamá, Panamá
    Calle Elvira Méndez, Edif. Bank Boston, Piso 10, Ap. Postal No. 0810-00794, Zona 5
    Tel.: (507) 264-8630
    E-mail: jcepanama@hotmail.com

   

  • Montreal - Canada
    1470 Peel St. Suite No. 263, AH3 1T1 MONTREAL, QUEBEC, CANADA
    Tel.:      514-284-5172
    FAX :     514-284-5120
    E-mail:         jcemontreal@hotmail.com
    Encargado:   José Luís Martínez

   

  • CARACAS - VENEZUELA
    Calle 1, Quinta Calila, Montalbán 1, Esq. 2da.
    Transversal frente al Centro Comercial Uslar.
    Tel.:      58-212-471-9772
    Fax:      58-212-471-1756
    E-mail:  jce_venezuela@hotmail.com
    Encargado:  Manuel de Jesús Cabrera

   

  • MADRID – EUROPA
    Calle Castello #25, 2-E 28001, Madrid España

         Tel.:      011-3491-578-0837
         Fax:      011-3491-576-1168

         E-mail:  jcemadrid@hotmail.com
         Encargada:       Luciana Dìaz Warden

   

  • BARCELONA - EUROPA
    Calle Paris 209, Principal 2do. 08008, Barcelona España
    Tel.:      011-3493-237-5865
    Fax:      011-3493-237-6199
    E-mail: jcedebarcelona@hotmail.com
    Encargado:       Pedro Jorge Batlle

   

  • MILANO - ITALIA
    CORSO BUENOS AIRES NO. 64, ESCALERA A, TERCER PISO, COD. POSTAL 20124, MILANO, ITALIA
    Tel.:        011-3902-2052-0528
    Fax:        011-3902-2951-6180
    GENOVA:   011-3901-0869-6818
    E-mail:  jcemilano@hotmail.com
    Encargada:  Sussy González

   

  • AMSTERDAM - HOLANDA
    23 TULPENBURG 1181 NK AMSTELVEEN
    Tel.:      011-3120-889-0768
    Fax:      011-3120-640-8300
    E-mail:  jce_holanda@hotmail.com
    Encargada:  Joselyn Peña

   

  • ZURICH - SUIZA
    LOWENSTRASSE 65, 8001 ZURICH
    Tel.:      011-4143-818-9344
    Fax:      011-4143-818-9346
    E-mail:  jcesuiza@hotmail.com
    Encargado:  Wandy Suero

   (Datos tomados del site de la Junta Central Electoral de la Repúlica Dominicana).  Elecciones Presidenciales 2008.-

... Y las disposiciones de la Constitución Dominicana...

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y SOCIALES

 ART. 8.- Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas:

1. La inviolabilidad de la vida. En consecuencia no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte, ni las torturas, ni ninguna otra pena o procedimiento vejatorio o que implique la pérdida o la disminución de la integridad física o de la salud del individuo.
2. La seguridad individual. En consecuencia:
   1. No se establecerá al apremio corporal por deuda que no proviniere de infracción a las leyes penales.
   2. Nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito.
   3. Toda persona privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta inmediatamente en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona.
   4. Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad.
   5. Todo arresto se dejará sin efecto o se elevará a prisión dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido sometido el arrestado a la autoridad judicial competente, debiendo notificarse al interesado dentro del mismo plazo, la providencia que al efecto se dictare.
   6. Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de la autoridad judicial competente.
   7. Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido estará obligada a presentarlo tan pronto como se lo requiera la autoridad competente. La Ley de Habeas Corpus, determinará la manera de proceder sumariamente para el cumplimiento de las prescripciones contenidas en las letras a), b), c), d), e), f) y g) y establecerá las sanciones que proceda.
   8. Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa.
   9. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo.
   10. Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres.
3. La inviolabilidad de domicilio. Ninguna visita domiciliaria puede verificarse sino en los casos previstos por la ley y con las formalidades que ella prescribe.
4. La libertad de tránsito, salvo las restricciones que resultaren de las penas impuestas judicialmente, o de las leyes de policía, de inmigración y de sanidad.
5. A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohibe. La ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica.
6. Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes. Se prohibe toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o a crítica de los preceptos legales.
7. La libertad de asociación y de reunión sin armas, con fines políticos, económicos, sociales, culturales o de cualquier otra índole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres.
8. La libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respecto a las buenas costumbres.
9. La inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados sino mediante procedimientos legales en la substanciación de asuntos que se ventilen en la justicia. Es igualmente inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica.
10. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional.
11. La libertad de trabajo. La ley podrá, según lo requiera el interés general, establecer la jornada máxima de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus formas de pago, los seguros sociales, la participación de los nacionales en todo trabajo, y en general, todas las providencias de protección y asistencia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores, ya sean manuales o intelectuales.
    1. La organización sindical es libre, siempre que los sindicatos, gremios u otras asociaciones de la misma índole se ajusten en sus estatutos y en su conducta a una organización democrática compatible con los principios consagrados en esta Constitución y para fines estrictamente laborales y pacíficos.
    2. El Estado facilitará los medios a su alcance para que los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor.
    3. El alcance y la forma de la participación de los trabajadores permanentes en los beneficios de toda empresa agrícola, industrial, comercial o minera, podrán ser fijados por la ley de acuerdo con la naturaleza de la empresa y respetando tanto el interés legítimo del empresario como el del obrero.
    4. Se admite el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro en las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley y para resolver conflictos estrictamente laborales. Se prohibe toda interrupción, entorpecimiento, paralización de actividades o reducción intencional de rendimiento en las labores de las empresas privadas o del Estado. Será ilícita toda huelga, para, interrupción, entorpecimiento o reducción intencional de rendimiento que afecten la Administración, los servicios públicos o los de utilidad pública. La Ley dispondrá las medidas necesarias para garantizar la observancia de estas normas.
12. La libertad de empresa, comercio e industria. Solo podrán establecerse monopolios en provecho del Estado o de instituciones estatales. La creación y organización de esos monopolios se harán por ley.
13. El derecho de propiedad. En consecuencia, nadie puede ser privado de ella sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor determinado por sentencia de tribunal competente. En casos de calamidad pública, la indemnización podrá no ser previa. No podrá imponerse la pena de confiscación general de bienes por razones de orden político.
    1. Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Se destinan a los planes de la Reforma Agraria las tierras que pertenezcan al Estado o las que éste adquiera de grado a grado o por expropiación, en la forma prescrita por esta Constitución, que no estén destinadas o deban destinarse por el Estado a otros fines de interés general. Se declara igualmente como un objetivo principal de la política social del Estado el estímulo y cooperación para integrar efectivamente a la vida nacional la población campesina, mediante la renovación de los métodos de la producción agrícola y la capacitación cultural y tecnológica del hombre campesino.
    2. El Estado podrá convertir sus empresas en propiedades de cooperación o economía cooperativista.
14. La propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones científicas, artísticas y literarias.
15. Con el fin de robustecer su estabilidad y bienestar, su vida moral, religiosa y cultural, la familia recibirá del Estado la más amplia protección posible.
    1. La maternidad, sea cual fuere la condición o el estado de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y tiene derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo. El Estado tomará las medidas de higiene y de otro género tendientes a evitar en lo posible la mortalidad infantil y a obtener el sano desarrollo de los niños. Se declara, asimismo, de alto interés social, la institución del bien de familia. El Estado estimulará el ahorro familiar y el establecimiento de cooperativas de crédito, de producción, de distribución, de consumo o de cualesquiera otras que fueren de utilidad.
    2. Se declara de alto interés social el establecimiento de cada hogar dominicano en terreno o mejoras propias. Con esta finalidad, el Estado estimulará el desarrollo del crédito público en condiciones socialmente ventajosas, destinado a hacer posible que todos los dominicanos posean una vivienda cómoda e higiénica.
    3. Se reconoce el matrimonio como fundamento legal de la familia.
    4. La mujer casada disfrutará de plena capacidad civil. La ley establecerá los medios necesarios para proteger los derechos patrimoniales de la mujer casada, bajo cualquier régimen.
16. La libertad de enseñanza. La educación primaria será obligatoria. Es deber del Estado proporcionar la educación fundamental a todos los habitantes del territorio nacional y tomar las providencias necesarias para eliminar el analfabetismo. Tanto la educación primaria y secundaria, como la que se ofrezca en las escuelas agronómicas, vocacionales, artísticas, comerciales, de artes manuales y de economía doméstica serán gratuitas. El Estado procurará la más amplia difusión de la ciencia y la cultura, facilitando de manera adecuada que todas las personas se beneficien con los resultados del progreso científico y moral.
17. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez. El Estado prestará su protección y asistencia a los ancianos en la forma que determine la ley, de manera que se preserve su salud y se asegure su bienestar. El Estado prestará, asimismo, asistencia social a los pobres. Dicha asistencia consistirá en alimentos, vestimenta y hasta donde sea posible, alojamiento adecuado. El Estado velará por el mejoramiento de la alimentación, los servicios sanitarios y las condiciones higiénicas, procurará los medios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas y endémicas y de toda otra índole, así como también dará asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes por sus escasos recursos económicos, así lo requieran. El Estado combatirá los vicios sociales con medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y organizaciones internacionales. Para la corrección y erradicación de tales vicios, se crearán centros y organismos especializados.

 Ley No. 72-02, sobre  el lavado de activos en República Dominicana

ARTICULO 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:

a)     Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;

b)     Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes;

c)     Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones;

ARTÍCULO 8.- Será igualmente sancionada con la pena contemplada en el Capítulo de las sanciones (Artículos 25, 26 y 27 de la presente ley):

a)     La persona, nacional o extranjera, que al ingresar o salir del territorio nacional, por vía aérea, marítima o terrestre, portando dinero o títulos valores al portador o que envié los mismos por correo público o privado, cuyo monto exceda la cantidad de Diez Mil Dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US$ 10,000.00) u otra moneda extranjera, o su equivalente en moneda nacional no lo declare o declare falsamente su cantidad en los formularios preparados al efecto;

ARTICULO 21.- Se consideran circunstancias agravantes del delito de lavado de activos para los fines de la presente ley, y en consecuencia caerán bajo la esfera de los Artículos 56, 57 y 58 del Código Penal Dominicano:

c)     Cuando el agente autor del delito hubiese ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del conjunto de delitos que puedan presentarse;

d)     Cuando el que comete el delito ostenta un cargo público o fuese funcionario o servidor público encargado de la prevención o investigación de cualquier delito, o tuviese el deber de aplicar penas o vigilar su ejecución;

…

DERECHOS DEL EXTRANJERO EN REPÚBLICA

DOMINICANA

Muchos al igual que yo, que cuidamos de no ser injustos, en mas de una ocasión nos ha ocupado la diligencia de consultar la ley laboral en lo referente a nuestros(as) asistentes domésticos(as).   Mucho hay que hablar, incluso anecdotas que contar. 

Esta vez, para comenzar, les coloco esta fracción de la Ley No. 103-99 sobre los Trabajadores(as) Domésticos(as); con el solo propósito de informar a quienes les puedan servir estos datos contemplados en la ley de marras. 

No es menester pues, esperar a tener problemas con alguna persona inconforme para que conozcamos lo estipulado por la ley para cuidar los intereses de estos trabajodores(as), en igual proporción que los nuestros -por supuesto!-./Lucía Collado.-

***

CONSIDERANDO: Que los (as) trabajadores (as) domésticos constituyen una gran columna de sostén, que ha permitido la plena incorporación de la mujer al mercado laboral dominicano;

CONSIDERANDO: Que se ha constituido en una práctica que el (la) trabajador (a) doméstico (a) reciba, a final de cada año, su sueldo de navidad por lo que procede que el mismo sea establecido por ley;

CONSIDERANDO: Que nuestra legislación no contempla el permiso que el (a) trabajador (a) doméstico (a) asista al centro de salud o a la consulta médica.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

Art. 1.- Se modifica el artículo 263 del Código de Trabajo para que en lo adelante exprese de la siguiente forma:

"Art. 263.- Los trabajadores domésticos tienen derecho a dos semanas de vacaciones remuneradas cada vez que cumplan un año de servicio, así como al salario previsto en el primer párrafo del artículo 219 del presente Código.

PARRAFO: El monto del salario navideño será igual a la suma de dinero pagada por el (la) empleador (a) en virtud del artículo 260 del presente Código”.

Art.2.- Se modifica el artículo 264, del Código de Trabajo para que diga de la siguiente manera:

"Art. 264.- Todo trabajador (a) doméstico (a) tiene derecho a que su empleador le conceda los permisos necesarios para asistir a una escuelo, al médico o a un centro de salud, en caso de enfermedad, siempre y cuando sea compatible con su jornada de trabajo o en el (los) día (s) acordado (s) con su empleador”.

Art.3.- Esta ley modifica o deroga cualquier disposición que le sea contraria.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril del año mil novecientos noventa y nueve; años 156 de la Independencia y 136 de la Restauración (FDOS) Héctor Rafael Peguero Méndez, Presidente; Fátima del Rosario Pérez Rodolf, Secretaria; Radhamés Castro, Secretario.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y nueve (1999); años 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

La Constitución Dominicana establece los diferentes esquemas de obtención de la nacionalidad dominicana:

a.- Por nacimiento (aquellos nacidos en territorio de la República Dominicana son dominicanos);

b.- Por origen (aquellos con padre o madre dominicanos pueden optar por la nacionalidad dominicana);

c.- Por ley (aquellos que al presente estén investidos de la nacionalidad dominicana en virtud de Constituciones y leyes anteriores son dominicanos); y,

d.- Por naturalización (aquellos que obtienen la nacionalidad dominicana con arreglo a nuestras leyes).

Pueden ser naturalizados los extranjeros que:

(a) Hayan obtenido fijación de domicilio seis (6) meses después de la concesión del mismo;

(b) Aquellos que justifiquen una residencia ininterrumpida de dos (2) años por lo menos;

(c) Aquellos que justifiquen por lo menos seis (6) meses de residencia ininterrumpida si han fundado y sostenido industrias, o si son propietarios de inmuebles en el país;

(d) Aquellos que hayan residido por seis (6) meses en el país, si se han casado con una dominicana;

(e) Aquellos que hayan obtenido autorización del Presidente, siempre que justifiquen tener una parcela cultivada en el país;

(f) Aquellos que hayan servido a las Fuerzas Armadas del país;

(g) Aquellos que hayan participado en las colonias agrícolas del Estado; o,

(h) Aquellos que hayan obtenido una concesión especial del Presidente, la cual normalmente se otorga a extranjeros que hayan servido con mérito a la República Dominicana./recopilado por:  Lucía Collado.-

TITULO I

DEL EJERCICIO DEL DERECHO A ELEGIR

Artículo 1.- EJERCICIO DEL DERECHO A ELEGIR.  El derecho de elegir que la Constitución confiere a los ciudadanos será ejercido de conformidad con las normas establecidas en la misma y en la presente ley.

TITULO XIII

DISPOSICIONES DESTINADAS A ASEGURAR EL LIBRE EJERCICIO
DEL DERECHO DE ELEGIR

Artículo 105.- CARACTER NO LABORABLE DEL DIA DE ELECCION. El día en que se celebren elecciones de cualquier clase no será laborable en el territorio en que hayan de efectuarse. Cuando se trate de trabajos que no puedan ser suspendidos, los emple adores estarán obligados a disponer cuanto sea necesario para que todos los empleados y trabajadores hábiles para votar que tengan a su servicio dispongan del tiempo que fuere menester para hacerlo, sin que por ese motivo sufran ninguna merma en sus salar ios y otros derechos que les correspondan.

Artículo 106.- LIBERTAD INDIVIDUAL. Ninguna autoridad podrá detener o reducir a prisión o privar en cualquiera otra forma de su libertad a un ciudadano hábil para votar, durante las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, salv o en caso de flagrante delito, o en virtud de orden escrita y motivada de juez competente. Artículo 107.- LIBERTAD DE TRANSITO. En ningún caso podrá estorbarse el tránsito de los electores hasta los lugares de votación durante el tiempo necesario para trasladarse a ellos con el fin de ejercer este derecho y para regresar a sus domicili os o puntos de partida. Artículo 108.- PROHIBICION DE ESPECTACULOS Y MANIFESTACIONES. Durante el día de la elección no podrán celebrarse espectáculos públicos, ya sea en local abierto o cerrado; ni desde veinticuatro horas antes podrán llevarse a efecto manifestaciones o reuniones públicas de carácter político.

Tampoco podrá hacerse en el mismo intervalo de veinticuatro horas antes de la elección ninguna clase de incitación ni propaganda electoral por la prensa, radio, televisión, avisos, carteles, telones y otros medios similares.

De la misma forma, queda prohibido la propaganda en los colegios electorales el día de las elecciones.

Artículo 109.- PROHIBICION DEL EXPENDIO DE BEBIDAS. Desde veinticuatro horas antes de la elección, no podrá expenderse ni distribuirse a ningún título bebidas alcohólicas, hasta tres horas después de terminada la votación.

Artículo 110.- PROHIBICION DE INJERENCIA U OSTENTACION DE FUERZAS ARMADAS. Queda prohibida la aglomeración de tropas y toda ostentación de Fuerzas Armadas durante el día de la elección. La actuación de las Fuerzas Armadas, en general, con excepc ión de las de la Policía Electoral indispensables para mantener el orden durante el acto eleccionario estará sujeta a lo que se dispone en la presente ley, y deberán permanecer acuartelados durante todo el día en que aquél se realice.

Los jefes u oficiales de las Fuerzas Armadas y autoridades policiales no podrán encabezar grupos de ciudadanos durante la elección, ni hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad del sufragio, ni tampoco hacer reuniones con el propó sito de influir en forma alguna en los actos electorales.

El personal retirado de las Fuerzas Armadas, cualquiera que fuere su jerarquía, no podrá concurrir vistiendo uniforme a ningún acto político electoral.

Sólo los agentes de la Policía Electoral que estén al servicio de las autoridades electorales pueden penetrar armados en los locales en donde se efectúen las inscripciones y las votaciones, cuando fueren requeridos.

Artículo 111.- AMPARO. Todo elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, podrá solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier otra persona, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho a cualquier juez o autoridad, y especialmente ante la Junta Central Electoral o por ante la junta electoral correspondiente.

Artículo 112.- INDEPENDENCIA DE ACCION DEL PERSONAL DE LOS COLEGIOS ELECTORALES. Los miembros y secretarios de los colegios electorales, así como los delegados de agrupaciones o partidos políticos que actúen en ellos y sus respectivos sustitutos, obrarán con entera independencia de toda autoridad, y no estarán obligados a obedecer ninguna orden que les impida el ejercicio de sus funciones. Mientras permanezcan en ese ejercicio no podrán ser privados en forma alguna de su libertad, salvo en caso de flagrante delito o por orden escrita y motivada de juez competente. /Recopilado por:  Lucía Collado.-